El muy atractivo libro de Fernando Broncano (Puntos ciegos, Lengua de Trapo,2019), que termino de leer en agosto de 2019, con su crítico capítulo sobre la política científica moderna con el que puedo manifestar bastantes convergencias, y la petición de Borja Sánchez en su doble condición de exsecretario de la AEAC y actual Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado de Asturias, me animan a perfilar estas líneas que dormían en mi ordenador desde hace un tiempo.

Mi carrera científica está estrechamente vinculada al desarrollo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y su papel como la mayor institución pública investigadora en nuestro país, de un modo bastante excepcional que quizá pocas personas ostenten. Son más de sesenta años de coevolucionar desde la ejecución y la acción hasta la gestión, pasando por la  extraordinaria posibilidad de intervenir en la política científica de España y de la institución. Es una carrera completa, desde becario hasta profesor “ad honorem”, pasando por la vicepresidencia y presidencia del organismo. Ha sido una persecución apasionada de la interdisciplinariedad y la pluriresponsabilidad con todos los matices que ese sueño lleva consigo.

He sido investigador con cierto reconocimiento internacional en el campo de las ciencias biológicas y biomédicas, he jugado un papel notable en la modernización de la política científica en España y, tras ese paso por la gestión de la ciencia, he dado el salto al campo de las ciencias humanas y sociales. Con ello he tenido la insuperable fortuna de contribuir desde la década de 1990 al desarrollo de la filosofía e historia de la política científica, programa de investigación que he combinado como biólogo con los avances de la biología moderna, realizando conexiones entre ambos campos en trabajos sobre filosofía de la biología.

Inicié esta etapa al dejar la presidencia del CSIC y comenzar la actividad investigadora en el ámbito de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, los denominados estudios CTS, proceso que culminó con la asunción de la dirección del Departamento CTS, en el momento de su creación en el Instituto de Filosofía del CSIC.

Esta trayectoria, sin duda especial, me ha permitido, en la modestia de mis posibilidades, convertirme en un interesado (¿especialista?) en los estudios sobre política científica, sobre la base de un acervo de conocimientos multi e interdisciplinares que permiten analizar la evolución del desarrollo científico y técnico, en general y con relación a los avances de la biología, tanto en el contexto español como en perspectiva comparada internacional. Esta trayectoria, como ya se ha señalado, está íntimamente ligada a la institución pública más importante en España, e incluso que cuenta ya a nivel europeo, como es el CSIC.

La política científica en España: El CSIC

Sostengo a partir de los trabajos realizados sobre este campo desde 1994 hasta la fecha, que:

– La política científica moderna nace en Europa con el principio del siglo XX y guarda relación con la I Guerra Mundial. En aquellos momentos y sobre este tema, España ocupa una posición próxima a esta línea de vanguardia en la extraordinaria experiencia de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), cuyo presidente Santiago Ramón y Cajal conoció el término “política científica” y reclamó su aplicación y desarrollo.

– Por otro lado, la tesis adoptada por otros analistas españoles de la política científica de que la política científica moderna surge con los Estados Unidos y la iniciativa “Science: The Endless Frontier” (puesta en operación por el ingeniero y asesor de la Casa Blanca Vannevar Bush y los presidentes Roosevelt y Truman) es lógica. De hecho, se configura en una atmósfera de victoria, tras ganar la II Guerra Mundial y de reconocimiento a la ciencia y la tecnología (la bomba atómica). Sin embargo, no responde a la realidad de los datos científicos. Es más bien el resultado del efecto de penetración, de conquista por parte de los vencedores y sobre todo de disponer del mejor y más atractivo modelo para el desarrollo de la ciencia, como pondría de relieve la sociología de la ciencia de Robert Merton.

La situación de España es muy diferente de la época de la JAE: ha sufrido una Guerra Civil, la JAE ha sido desmantelada, se ha producido un importante exilio de la comunidad docente e investigadora. En este contexto nace el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y lo hace inspirado en modelos europeos, de los que además se va a diferenciar por la carga ideológica con que se crea. Si el CSIC se desarrolla es por el impulso personal y las características y condiciones científicas, políticas y personales de José María Albareda, para bien o para mal como he señalado repetidamente.

El CSIC: una trayectoria histórica con sobresaltos

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene reconocido el carácter de institución pública de investigación (científica) más importante de España y con proyección sobre Europa donde se le atribuye el tercer lugar, reconocido por esa referencia que es Google/Wikipedia en esta sociedad de la información global.

Sin embargo, la historia del CSIC no ha sido fácil, como deriva de su difícil enclave institucional a lo largo de sus 80 años de existencia. Fue creado en noviembre de 1939 tras la Guerra Civil sobre la base de las dimensiones infraestructurales y organizativas que había establecido la JAE,  pero con profundo trastoque ideológico: se le colocó como ente en teoría independiente pero asociado al Ministerio de Educación Nacional ( el Ministro Ibáñez Martín fue el Presidente, esencialmente representativo, y Albareda ocupó el puesto de Secretario General como máxima autoridad ejecutiva) y con el objetivo de desarrollar la política científica en España.

Como se ha dicho, el esfuerzo para el desarrollo de la institución recayó en la personalidad de Albareda, y pronto tropezó con dificultades para desarrollar tal objetivo con reacciones diversas de otras áreas ministeriales como Industria y Agricultura. Ante esa tesitura, la institución tuvo que focalizarse en la promoción de la investigación y en la lucha por encajar en la Administración, mostrando fragilidad para poner en marcha una estructura de dirección y gestión propias, así como para establecer un armazón de personal investigador. Gracias al esfuerzo de Albareda esas dificultades se fueron superando desde una perspectiva interna y aplicando soluciones específicas. Se configuró la figura de un presidente de la institución que sería representativo y sin reconocimiento salarial y unas escalas de personal que serían únicas, especiales, internas: se garantizaba una posibilidad de constituir una plantilla de personal, pero con evidentes riesgos para el futuro administrativo de tal personal. Apostar por la carrera investigadora en España  era  ya posible, pero también una posibilidad arriesgada.

Tal dependencia de la Secretaría General unió la vida de la institución a la trayectoria vital de J. Mª Albareda. Cuando se produjeron cambios en esa trayectoria en colusión con la evolución de los gobiernos del General Franco, el CSIC experimentó sacudidas, que se han traducido en procesos y resultados unas veces positivos y otras veces negativos.

El fracaso de ese objetivo   de política científica (macro) se saldó en 1959 con la creación de la Comisión Asesora de Investigación Científica y técnica (CAICYT) para suplir las funciones de política científica que el CSIC no pudo cumplir. La CAICYT se asignó a Presidencia de Gobierno, aunque permaneció asociada al CSIC puesto que se instaló en la sede central de ese organismo. Importante ha sido la figura de Manuel Lora- Tamayo, fue el primer presidente de la CACICYT y de ahí pasó a ser nombrado ministro en 1962. Su papel como ministro fue decisivo para revitalizar la política científica: introdujo la ciencia en la organización gubernamental al cambiar la denominación de su cartera desde Ministerio de Educación Nacional a Ministerio de Educación y Ciencia en 1966; hizo posible que las escalas del CSIC fueron reconocidas en el sector público, en la función pública. El CSIC caminó así a su integración en la Administración española. Camino que no ha estado exento de conflictos y contradicciones.

La llegada de los tecnócratas en las últimas etapas de los gobiernos de Franco se produjo para afrontar una transformación en el desarrollo económico español ya lastrado por la autarquía. Se establecieron los Planes de Desarrollo en los que el CSIC intervino, reconociéndose así su papel como relevante organismo público de investigación (OPI). La estrategia de los  Planes se vino abajo con la muerte del general  y la fuerte crisis económica y social del país.

La Transición: un  periodo de  cambios

La Transición política iba a ser decisiva en la vida del CSIC. Primero se enfrentó a una reforma de su reglamento, luego tuvo que articularse como Organismo Autónomo de la Administración General del Estado, que devino en Dirección General como única posibilidad de ser operativo y no ser laminado (estamos hablando de finales de los 70 y principios de los 80).

Esta definición indefinida nunca ha permitido funcionar óptimamente. Llevo defendiendo en diversas ocasiones, y desde diferentes posiciones, hasta ahora con escaso éxito, la necesidad de establecer un estatuto especial para la investigación y para sus cultivadores, los investigadores científicos y técnicos, en el seno de la Administración Pública española. Con ello se trataría de poder articular un mejor y más eficiente funcionamiento, de ser homologable con las instituciones de los países con quienes interrelacionamos política y económicamente, así como de superar la constante incomprensión y los obstáculos de unas burocracias que ignoran casi todo de lo que es la actividad investigadora (las profesiones asociadas a esta actividad). Desde su atribulada historia, la política científica española y sus instituciones ejecutoras sean públicas o privadas, han visto obstaculizadas sus estrategias en estos campos esenciales para la competitividad real del país. Se han visto dominadas por los ministerios económicos y encerradas por un entorno administrativo difícil, en una Administración Pública como la española que habrá podido modernizarse en términos de tecnologías de la información pero que poco conoce de lo que es la gestión de la ciencia y la tecnología, de la promoción, producción y gestión de los conocimientos científicos.

En la etapa de la” burbuja”  económica  (inmobiliaria y especulativa) de finales del siglo XX y principios del XXI, el CSIC experimentó notables cambios. En las elecciones generales de 1996 y 2000, el Partido Popular alcanzó el Gobierno y en los principios de la formación del Gobierno de 1996, pareció que el CSIC podría ocupar una posición decisiva en el organigrama de la política científica, pero la situación cambió rápidamente y el decreto que contemplaba esa situación resultó una norma fallida. Con el gobierno resultante de las elecciones del año 2000 se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el CSIC  se sitúa en el nivel más bajo de la Administración ya que se le reconoce en el organigrama de ese ministerio  como Subdirección General.

La llegada al Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero devuelve la responsabilidad de la política científica al Ministerio de Educación y Ciencia y el CSIC recupera protagonismo con el nombramiento como presidente de Carlos Martínez Alonso.  Con el movimiento  de  reforma de la Administración Pública que preconizaba el ministro Jordi Sevilla tratando de ajustar el modelo de Agencias y su número, el Presidente del CSIC trató de aprovechar su influencia para conseguir que el CSIC fuera una de las Agencias Estatales, logro que se consigue y  que es la situación actual aunque en precario puesto que pende la amenaza de la desaparición de las Agencias que  planteó una Ley de la Organización de la Administración promulgada en vísperas de las elecciones  de 2015. En la siguiente legislatura, se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a cuyo organigrama se incorpora C. Martínez Alonso y deja la responsabilidad directiva del CSIC; el vicepresidente Rafael Rodrigo ocupa la presidencia del CSIC: desde ese momento parece que esa opción de Agencia no era tan positiva como se imaginó, no es un éxito. Incluso ahora  existe el debate acerca del futuro de la institución con la  espada de Damocles pendiente que se ha expuesto y con la compleja e incierta situación política de  nuestro país  e incluso de Europa. Eso colocaría a la institución investigadora ante nuevos  desafíos  y  problemas.

La introducción de la figura de emérito en el CSIC: un elogio a la flexiadministración

Tras este resumen a nivel macro de la evolución del CSIC, quiero centrarme en  la experiencia  como investigador  “ad honorem”, emérito, en el CSIC  de  la que una vez más disfruto en circunstancias  excepcionales  desde mi jubilación en 2007 y que ha traído significativos rendimientos en términos cualitativos y cuantitativos de producción  científica.  Es un asunto “meso” que debió poner en marcha  el  CSIC en el siempre nebuloso panorama de la política científica española para aprovechar recursos humanos y para competir en el entorno internacional y que fue posible gracias a la visión del profesor César Nombela cuando fue su presidente.

Todas las instituciones  de investigación de los países desarrollados tienen esta figura. Con ella se trata de aprovechar al máximo las capacidades de personas destacadas que, a no ser que lo deseen y soliciten el retiro, las instituciones no quieren prescindir por sus notables cualidades y experiencia en el campo de la investigación. Por ejemplo, Severo Ochoa al jubilarse en 1977 (72 años) en New York University fue captado por el Instituto de Investigación Roche de Biología Molecular donde continuó realizando investigación puntera hasta 1985 (80 años) cuando decide regresar a España para trabajar en el Centro de Biología Molecular a cuya creación había contribuido, volvió como Director Honorario y con grupo de investigación propio. Otro caso es del Profesor Francisco Ayala, una de las figuras mundiales en biología evolutiva; trabaja en la Universidad de California donde ha seguido en activo con más de 80 años y que en 2015 recibió un “grant” (proyecto competitivo) de la National Science Foundation (NSF) por una cuantía de tres millones de dólares.

Estas dos anécdotas sirven para situar el entorno en el que se desarrolla la actividad investigadora. El CSIC tiene que competir por recursos tanto a nivel nacional e internacional. Esa necesidad de competir ya se estableció en una de sus crisis en la década de 1980- a cuya intervención para combatir la crisis contribuí como miembro del equipo del Profesor Alejandro Nieto que ocupaba la Presidencia.  Por eso se ha buscado la posibilidad de mantener en “activo como investigadores” a quienes hay que jubilar administrativamente pero que mantienen sus capacidades y poseen una experiencia destacada, cualidades que desean seguir poniendo al servicio de la institución e incluso de la sociedad de la que forman parte.

Así el CSIC pudo aplicar a su personal investigador, la posibilidad de jubilarse a los 70 años y en 1993 estableció, como reglamentación interna, la figura de Doctor vinculado “ad honorem” (Junta de Gobierno de 26 de octubre de 1993). De nuevo,  cuarenta años después, se tenía que volver a la estrategia  de lo específico de la  época de Albareda para que la institución pudiera  innovar para sobrevivir.

Este personal emérito, “ad honorem”,  participa en proyectos de investigación, sus productos son transparentes a la institución, se recogen en  el currículo y se utilizan para obtener el reconocimiento de la Productividad por Cumplimiento de Objetivos  que redunda en beneficio del personal en activo pero no al del personal “ad honorem”.

Gracias a estas fórmulas innovadoras, he podido desarrollar una intensa actividad investigadora durante doce años más allá de la fecha de jubilación (enero 2007) en atención a la discreción de la presidencia del CSIC que los concede en función de méritos excepcionales y que no comportan retribución económica alguna.

Esto no es un testimonio de auto complacencia sino un nuevo elogio a la flexiadministración que tanto necesitan la ciencia y la innovación y que tan bien les sienta en términos de eficiente productividad.

Emilio Muñoz, socio promotor de la AEAC, nace en Valencia en 1937. Es Doctor en Farmacia, Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el área de Biología y Biomedicina. Actualmente vinculado “ad honorem”en el Instituto de Filosofía del CSIC, Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad.